El pasado jueves el Tribunal Constitucional (TC) desestimó la demanda presentada por el Poder Ejecutivo contra el Congreso por la ley que regula el uso de la cuestión de confianza, por 4 votos a favor y 2 en contra.
En la audiencia, el procurador público especializado en materia constitucional, Luis Huerta Guerrero, afirmó que la norma aprobada por el Congreso era inconstitucional porque va en contra de la jurisprudencia establecida por el mismo Tribunal en fallos anteriores, incluida la emitida por el caso de disolución del Poder Legislativo en 2019 donde se estableció que la figura de la cuestión de confianza debe ser interpretada en un sentido amplio.
Por otro lado, la defensa legal del Congreso explicó que la ley busca evitar abusos por parte del Poder Ejecutivo en las cuestiones de confianza con “interpretaciones absurdas y arbitrarias”.
¿Qué establece la ley que regula la cuestión de confianza?
La norma aprobada por el Congreso indica que la cuestión de confianza puede ser usada por el Poder Ejecutivo solo en materias de su competencia, “no encontrándose, entre ellas, las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso”.