Las dos caras de un mismo problema, un problema crítico relacionado con el incumplimiento
La evasión es un delito propiamente dicho, tipificado como fraude o defraudación tributaria dentro de la Ley Penal Tributaria, que consiste en el no pago de impuestos valiéndose de mecanismos ilegales que oculten de la administración tributaria los bienes e ingresos sujetos a impuesto y/o que sobrevaloren las deducciones a efectuarse sobre ellos.
La elusión, por su parte, está sujeta a consideraciones un poco confusas. La elusión consiste en evitar o reducir el pago de impuestos al igual que la evasión; sin embargo, se diferencia en que la segunda hace uso de maniobras legalmente permitidas, o incluso vacíos en la Ley. Por lo tanto, la elusión podría realizarse, camuflarse e incluso confundirse con otras operaciones válidas realizadas por la efectiva conveniencia económica del contribuyente.
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Precisamente, durante el 2018 (se debido al Decreto Legislativo N° 1422) dio un gran debate entre diversos analistas y expertos tributaristas respecto a cuándo una planificación tributaria (totalmente legal y válida) se transforma en mecanismo de elusión.
Así, entre debates de lo apropiado, ético o legal de estos actos, la realidad es que el costo de la evasión y la elusión tributaria es de aproximadamente S/ 60 mil millones anuales, más del 8% del PBI. Estimaciones de Sunat sitúan este incumplimiento alrededor del 50% del pago potencial del Impuesto a la Renta y más del 30% de la recaudación potencial del IGV; mientras que la mayoría de países tienen índices de evasión mucho menores, en Chile es 19.9% de su recaudación potencial, y el promedio europeo es 15.2%.
Estos montos son superiores a lo invertido anualmente en defensa, orden público y seguridad nacional, además de ser cinco veces el presupuesto del sector salud. Lo anterior demuestra el grave impacto que los altos niveles de incumplimiento fiscal tienen sobre la posibilidad de ofrecer mejores servicios públicos.
Escrito por: Econ. Jazmin Ramírez