Recientemente, la presidenta Dina Boluarte anunció una polémica propuesta para realizar un seguimiento financiero a las remesas enviadas por ciudadanos venezolanos en Perú. Esta iniciativa ha desatado un intenso debate, debido a que muchos especialistas la consideran discriminatoria, afectando derechos fundamentales de una nacionalidad específica.
El Anuncio y sus implicaciones
Boluarte indicó que el Ejecutivo colaborará con la SUNAT para exigir a los venezolanos contratos de trabajo y alquiler como prueba de sus fuentes de ingresos. De acuerdo con la presidenta, esta medida busca garantizar la transparencia en el flujo de divisas y prevenir posibles actividades ilícitas. Sin embargo, muchos cuestionan la eficacia de esta estrategia, sugiriendo que podría estigmatizar a un grupo que ya enfrenta serias dificultades.
Críticas
El abogado penalista Jorge Zúñiga argumentó que esta vigilancia pudiera ser inconstitucional, debido a que atenta contra la intimidad de los ciudadanos. Resaltó que la criminalización de un grupo específico carece de justificación y podría dar lugar a problemas.
Leer más: ¿En qué moneda es más rentable ahorrar? ¿Soles o dólares?
Leer más: Claves para comprobar una relación laboral
El rol de SUNAT en la propuesta
La SUNAT, como entidad responsable de la administración tributaria, tendría un papel crucial en la implementación de esta vigilancia. Se espera que la entidad realice auditorías y verificaciones para rastrear el origen de las remesas, utilizando datos de transacciones bancarias. Además, podría requerir a las instituciones financieras que reporten movimientos inusuales asociados con los venezolanos.
La respuesta de la sociedad peruana a esta medida aunado a un marco legal claro sobre cómo se llevará a cabo esta vigilancia será fundamental para definir el futuro de la convivencia y el respeto mutuo entre todas las comunidades que habitan el país.
Escrito por Grupo Verona
