Con motivo del Día la Familia en el Perú, que se celebra el segundo domingo de septiembre, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) aclaró algunos puntos respecto a la percepción de la asignación familiar que generan dudas tanto en los trabajadores como en los empleadores.
En primer lugar, la asignación familiar es un beneficio social que se otorga a todos los trabajadores de la actividad privada, cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva, siempre que tengan a su cargo uno o más hijos menores de 18 años.
La asignación familiar equivale al 10% de la Remuneración Mínima Vital (RMV) vigente, actualmente S/ 1025; es decir, el monto por asignación familiar correspondiente es de S/ 102.50, adicionales a su sueldo.
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Asimismo, este derecho se extiende a los trabajadores con hijos que, al cumplir la mayoría de edad, se encuentren cursando estudios superiores o universitarios (solo hasta los 24 años), y/o tengan uno o más hijos mayores de 18 años con discapacidad severa, certificada por la Autoridad Nacional de Salud.
No obstante, cabe mencionar que no les corresponde recibir la asignación familiar a aquellas familias que perciban pensión no contributiva por discapacidad severa; igualmente aquellos cuyas remuneraciones se regulen por negociación colectiva, excepto si su convenio colectivo no haya previsto un concepto similar o haya establecido este por un monto inferior al correspondiente.
También se recalcó que, en caso un trabajador labore en varias empresas, en paralelo, tiene derecho a percibir la asignación familiar por cada uno de sus empleadores. De la misma forma, en caso de que los padres de un menor sean trabajadores de la misma empresa, ambos tendrán derecho a recibir el beneficio.
Vale decir que el trabajador deberá acreditar su derecho a este beneficio presentando ante su empleador el DNI o la partida de nacimiento de los menores de edad.
Finalmente, SUNAFIL informó que ha efectuado 1,112 inspecciones para verificar que se pague la asignación familiar a los trabajadores del régimen privado, entre el 2023 y lo que va del 2024. Estas inspecciones se desarrollaron, principalmente, en las regiones de Lima Metropolitana, La Libertad y Piura; en las actividades económica de Servicios (inmobiliarios, empresariales y alquileres), Comercio al por mayor y menor y Administración pública.
Escrito por Grupo Verona