Afortunadamente en la actualidad casi todos los Estados han tomado conciencia suficiente para determinar que la protección del medio ambiente es parte fundamental e inseparable tanto de la salud como de la economía. Hoy en día no se puede hablar de desarrollo sin pensar en calidad de vida. El consenso mundial afirma que la calidad de vida de un individuo puede medirse basándose en tres componentes: nivel de renta, condiciones de vida y trabajo, y calidad ambiental.
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Principalmente por ello es que los derechos relacionados a un medio ambiente adecuado, en las últimas décadas han tomado carta de identidad, tanto en el derecho internacional como en el derecho nacional de la mayoría de países.
No puede negarse que la necesidad de proteger el medio ambiente, la vida y la salud, va calando exponencialmente dentro de la opinión pública, entendiéndose que la salud no sólo es, no estar enfermo; (el aspecto médico es sólo una dimensión de la salud), hay otros elementos como el clima, trabajo decente, ingresos, alimentación, educación, vivienda, valores éticos, entre otros que en conjunto facilitan las condiciones de bienestar que definen y engloban el termino salud.
Es decir, la definición de lo que significa salud ya no se evalúa sólo desde la perspectiva científica, sino también desde el punto de vista social y político.
Contar con un medio ambiente saludable es esencial para el crecimiento a largo plazo de muchos sectores económicos como la agricultura, la pesca y el turismo. Recientemente nuestro máximo colegiado constitucional se pronunció al respecto emitiendo una “vacatio sententiae” por el lapso de un año, a través de la cual se pretende expulsar del ordenamiento jurídico disposiciones relacionadas a la importación de plaguicidas químicos de uso agrícola (PQUA), que se encuentran reguladas dentro del marco normativo de sanidad agraria.
En el fallo se declaran como inconstitucionales la parte final del primer párrafo y todo el segundo párrafo del artículo 3 de la Ley Nº30190 Ley que modifica el Decreto Legislativo 1059, que aprueba la Ley General de Sanidad Agraria.
La decisión tomada se basa en fortalecer la gestión ambiental, esto sin duda evidencia el interés del Estado en impulsar políticas ambientales de carácter preventivo más eficaces.
Es importante, seguir estableciendo un conjunto de instrumentos y medidas para que la política ambiental se integre con las políticas socioeconómicas, y se alcance la corrección de los riesgos ambientales que tanto perjudican.
Escrito por: Abg. Jessica Navarro