Tras 20 años de controversia fiscal, y en cumplimiento de lo resuelto por el Poder Judicial en última instancia en enero del 2023, Telefónica del Perú anunció que procedería con el pago de S/ 1,361 millones (de los más de S/ 5.3 millones que adeuda) en favor de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).
De esta forma se pone fin a la polémica entre la compañía de telecomunicaciones y la Administración Tributaria relacionada con la declaración del Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales 2000 y 2001, disputa que se originó con los cuestionamientos de la SUNAT a los ingresos de la empresa en los años 1998, 2000 y 2001 durante un proceso de fiscalización posterior.
Entre las objeciones del ente tributario a la empresa de origen español se cuentan: observaciones a las deducciones de gastos y reparos a las provisiones por cobranza dudosa e intereses financieros.
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Si bien vale notar que Telefónica cuestionó las objeciones formuladas por la administración tributaria, ejerciendo su derecho a la defensa como cualquier otro contribuyente, la empresa subrayó que “en respeto a la institucionalidad y la seguridad jurídica” efectivizará el pago bajo protesto; es decir, reservándose el derecho de acudir posteriormente a las entidades fiscales o judiciales correspondientes para exigir la restitución del importe pagado por considerar el cobro ilegal o inconstitucional.
Respecto a este punto, es preciso notar que un fallo favorable no garantiza la restitución del pago efectuado bajo protesto. Considerando que la finalidad última del contribuyente (al emplear esta figura) es obtener la restitución del importe pagado bajo protesto, es importante que lleve el control de cuándo inicia la prescripción del derecho a solicitar la devolución (de acuerdo con el Código Tributario, el plazo para solicitar la devolución de los pagos indebidos prescribe a los 4 años).
Con información de Semana Económica