De acuerdo a la Asociación de Empresas de Tercerización y Trabajo Temporal (AETT), el 87.5% de los trabajadores formales (aproximadamente 1 millón 50 mil trabajadores) de nuestro país estarían trabajando en empresas de tercerización.
En este sentido, el presidente de la AETT, Óscar Núñez, la reciente aprobación del Decreto Supremo N° 001-2022 el cual prohíbe el uso de la tercerización para la cobertura de puestos nucleares pone en serio riesgo a la totalidad de trabajadores los cuales podrían perder su empleo a consecuencia de la vaguedad de la norma al momento de definir el núcleo del negocio.
“Esa norma es un campo minado y tiende hacía la desaparición de la tercerización. La diferencia nuclear y principal no es clara y consideramos que todo se puede clasificar como nuclear. Nosotros ya prevemos que impacte en todos nuestros asociados, lo cual terminaría afectando a más de 700 mil personas, sin contar las empresas y trabajadores que no forman parte de la AETT”, indicó al Diario Gestión el presidente.
Núñez afirmó que de acuerdo con cifras de la AETT, cerca del 85% de las empresas del país utilizan servicios de tercerización por lo que el impacto de la norma sería a nivel nacional. El 53% de las empresas utilizan esta modalidad están en el rubro minero y construcción por lo que serían los más impactados por la medida entrará en vigencia en agosto, según la AETT. En este sentido, un 35% operan en los sectores de petróleo, retail y consumo.