El tablero legal para los contribuyentes peruanos ha sufrido una transformación radical. Con la entrada en vigor del Decreto Legislativo Nº 1716, la línea entre una falta administrativa y un delito penal se ha vuelto extremadamente delgada. Ahora, proporcionar información falsa para obtener o modificar el Registro Único de Contribuyentes (RUC) es un camino directo a una condena de hasta cinco años de prisión.
La trampa de la digitalización
Esta norma modifica la Ley Penal Tributaria (DL 813) para combatir frontalmente el fraude en la emisión de comprobantes electrónicos y el uso indebido de las detracciones. Bajo el nuevo Artículo 5-A, cualquier persona que, a sabiendas, proporcione datos falsos por medios digitales —como un domicilio inexistente— para inscribirse o alterar su RUC, comete un delito consumado. La situación se agrava si este registro se utiliza para autorizar la emisión de facturas, notas de crédito o guías de remisión electrónicas.
Fiscalización de alta tecnología
La SUNAT ya no necesita tocar tu puerta físicamente para detectar el fraude. Actualmente, el ente recaudador emplea herramientas de geolocalización y videollamadas para verificar la veracidad de los domicilios declarados. Si el algoritmo o la inspección virtual detectan que el lugar de operaciones no existe, la responsabilidad penal recaerá inmediatamente sobre el gerente general, pudiendo extenderse al contador o al gerente financiero si hubo conocimiento previo de la irregularidad.
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El riesgo para los «Sujetos sin Capacidad Operativa»
Esta ofensiva legal busca frenar a los «sujetos sin capacidad operativa» (SSCO), quienes mueven millones en facturas sin sustento real. No obstante, el desafío para las empresas formales es enorme: un error de criterio en la auditoría o una falla administrativa en la actualización de datos podría escalar a un proceso penal irreversible.
La norma no es retroactiva; se aplica exclusivamente a los actos cometidos desde su vigencia en febrero de 2026. Es imperativo que todo contribuyente realice un diagnóstico preventivo de sus datos registrados y asegure la materialidad de sus operaciones. En este nuevo escenario, la veracidad no es opcional, es su seguro de libertad.
Revisa tus procesos de inscripción y verificación de datos, asegurate que cada comprobante emitido tenga sustento operativo real. Un error administrativo podría derivar en consecuencias penales irreversibles.
Escrito por Grupo Verona
