La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) anunció la aprobación de la Resolución SBS N.° 03012-2025, que introduce cambios significativos en la normativa de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) aplicable a los notarios de todo el país y al Órgano Centralizado de Prevención (OCP LA/FT).
Esta medida, que entrará en vigencia progresivamente a partir del 1 de setiembre de 2026, busca optimizar el envío de información a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú). Con estos cambios, se busca cerrar las brechas que podrían ser aprovechadas por las redes criminales.
Más transparencia y menos riesgos
La nueva normativa especifica qué actos notariales deben ser reportados, incluyendo testamentos por escritura pública y documentos privados que no se formalicen en un instrumento público. Esto es un cambio significativo que amplía el alcance de la supervisión y garantiza que no queden cabos sueltos.
Además, la resolución refuerza la función de la Base Centralizada de Información (BCI), a cargo del Colegio de Notarios de Lima, que será la responsable de integrar y conservar los datos de todo el país.
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Otra de las novedades es la obligación para los notarios de reportar de forma inmediata cualquier operación vinculada a casos de congelamiento administrativo nacional, una herramienta fundamental en la lucha contra el crimen organizado y la extorsión. También se exigirá una capacitación mínima sobre el tema a notarios y sus trabajadores, asegurando que estén preparados para detectar y reportar actividades ilícitas.
Estas modificaciones demuestran el compromiso de la SBS por un sistema legal más transparente y seguro, donde los notarios tienen un rol clave en la primera línea de defensa contra el crimen.
Escrito por Grupo Verona
