Existe un acertado consenso a nivel internacional acerca de la importancia de promover políticas para mejorar el acceso a la cobertura universal en salud. En nuestro país, durante los últimos años se han priorizado números esfuerzos para incrementar el porcentaje de personas afiliadas a un seguro de salud.
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Entre las últimas medidas adoptadas para disminuir la brecha de población sin cobertura de seguro en el territorio nacional, a finales del pasado año se aprobó el Decreto de Urgencia Nº017-2019, a través del cual el Estado autorizó a la Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS – SIS) para afiliar «independientemente de la clasificación socioeconómica» a toda persona que viva en el país y que «no cuente con ningún seguro de salud, con la finalidad de garantizar la protección del derecho a la salud».
Aun cuando han sido constantes los esfuerzos normativos destinados a robustecer las bases para que todos los peruanos tengan acceso a servicios y atención de calidad, e incluso se ha denominado al año 2020 como el “Año de la Universalización de la Salud”, es evidente que el sistema de salud ha estado atrapado por mucho tiempo en un paradigma que no ha podido adaptarse al aumento poblacional, carencia de personal e infraestructura, aunado a la creciente prevalencia de enfermedades, como la diabetes, el cáncer, enfermedades cardiovasculares, entre otras. Por tanto, a pesar de los avances en cobertura legal, tanto la prevención como la asistencia en materia de salud sigue siendo bastante segmentada, es decir, diseñada para atender con diferentes reglas y estructuras organizativas a los grupos sociales.
Universalizar el acceso a la salud pública es una obligación de cualquier proyecto progresista, para ello debe vincularse la elaboración de normas con el fortalecimiento de medidas económicas, productivas, de infraestructura y sociales que permitan construir un país más equitativo, y sostenible.
Escrito por: Lic. Claudia Bolívar