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Se reglamentó la Norma Antielusiva

El Ministerio de Economía y Finanzas a través del Decreto Supremo N° 145-2019-EF, publicó los elementos de forma y de fondo para la correcta aplicación de la norma antielusiva general, la cual está incluida en la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario.

Por ello, a partir del día de hoy la citada norma antielusiva entra en vigor. Esto quiere decir que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) tiene la facultad para iniciar el procedimiento de fiscalización definitiva para todos aquellos actos elusivos que se produjeran desde el año 2015. Si bien es cierto, el Decreto Legislativo N° 1422 establece que la fiscalización puede aplicarse para los actos de elusión que ocurran desde el 19 de julio de 2012, se debe tener en cuenta el cómputo de la prescripción de la fiscalización.

Resulta preciso mencionar que la elusión tributaria es toda acción que sin vulnerar la Ley, busca la forma de evitar el pago de los tributos, a través del uso de figuras y/o esquemas legales atípicos. El Perú necesita la aplicación de esta norma antielusiva, ya que gracias a ella se podrá recaudar hasta 6,000 millones de soles anualmente, que antes no ingresaban al Estado porque no se tenían las herramientas para su recaudación. Una de las características principales de la norma antielusiva es que tiene un gran carácter disuasivo cuyo objetivo es que no se realicen actos elusivos.

Una falta importante que se evidencia en el Reglamento, es que el mismo no precisa qué es un acto artificioso o un acto impropio, lo cual deja cierta incertidumbre al momento de calificar o valorar dichos actos. Por el contrario deja abierta una brecha para que cada caso puntual sea analizado y sea calificado. No obstante, de forma muy general enuncia siete (7) situaciones en las que se podría aplicar la norma antielusiva general, resumidos de la siguiente forma:

  • Actos, situaciones o relaciones de carácter económicas en las que no exista correspondencia entre los beneficios y los riesgos asociados, tengan baja rentabilidad, carezcan de racionalidad económica o no se ajusten a valor de mercado.
  • Actos, situaciones o relaciones de carácter económicas que no tengan relaciones con las operaciones ordinarias para lograr los efectos jurídicos, económicos o financieros deseados.
  • Cuando se realicen actividades similares o equivalentes a las realizadas mediante figuras empresariales, utilizando figuras no empresariales.
  • Reorganizaciones o reestructuraciones empresariales o de negocios con apariencia de poca sustancia económica.
  • Cuando se realicen actos u operaciones con sujetos residentes en países o territorios de baja o nula imposición, o con sujetos residentes en países o territorios no cooperantes o con sujetos que obtienen rentas, ingresos o ganancias a través de un país o territorio no cooperante o de baja o nula imposición e incluso que estén sujetos a un régimen fiscal preferencial por sus operaciones.
  • Transacciones a cero o bajo costo, o mediante figuras que suprimen o cancelan costos y ganancias no tributarias en las partes involucradas.
  • El empleo de figuras legales, empresariales, actos, contratos o esquemas no usuales que contribuyan a diferir ingresos o rentas o a la anticipación de gastos, costos o pérdidas.

Finalmente, en el reglamento se dispone que la responsabilidad de los representantes legales reside en la aprobación, diseño o implementación de algún dispositivo elusivo; indicando que la forma de librarse de esta responsabilidad es votar en contra de dichos dispositivos. Aunado a ello, se precisó  que no habrá responsabilidad penal para los representantes legales, sino que tendrán responsabilidad administrativa.

Escrito por: Lic. Cs. Fiscales. Fernando Parra

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