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Responsabilidad penal y el modelo de compliance

Muchas administraciones públicas han destacado la importancia de implantar dentro de las sociedades mercantiles programas de cumplimiento normativo (compliance), con la finalidad de poder controlar el mejor cumplimiento del derecho dentro de las mismas, prevenir la comisión de delitos y la administración desleal.

El termino compliance puede entenderse como cumplimiento, obediencia o conformidad y se refiere a la necesidad y deber que tienen las empresas de cumplir con las leyes.

Algunas legislaciones han establecido en su ordenamiento la exención de responsabilidad penal a las personas jurídicas, si en ellas se han establecido modelos eficaces de vigilancia y control para la prevención de delitos, de lo contrario, la empresa será responsable penalmente, cuando los delitos cometidos se hayan realizado en nombre o por cuenta de ésta y en su beneficio, por cualquier empleado o administrador de la misma.

El impacto del compliance en cuanto al mapa de responsabilidad de los miembros de una empresa, produce una gran modificación de lo tradicional, dando lugar a una redefinición de la misma. Puede determinarse que la repercusión de este modelo en la imputación penal, se produce en dos planos, por un lado agrupa a quienes tienen una intervención activa u omisiva en el delito cometido, y por otro lado a quienes se les asigna deberes específicos en la gestión de cumplimiento normativo.

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Tradicionalmente la visión legista con la que se evaluaba el tema de criminalidad empresariales se basaba en un modelo de organización empresarial básico, donde un único superior jerárquico dirigía y coordinaba a sus subordinados, por tanto, bajo su mando se centraba toda potestad de decisión, así como toda responsabilidad.

Ante la evidente división de competencias, la especialización y descentralización de la toma de decisiones, las sociedades se han redefinido, por lo que los modelos de imputación penal originarios resultaron insuficientes. El compliance se presenta como una herramienta para “descongestionar” la concentración de responsabilidad penal en los directivos, asignando a todos los niveles de la empresa obligaciones específicas para evitar la comisión de infracciones penales. Además desvanece el riesgo de que nadie asuma la competencia penal, realiza una organización de la responsabilidad.

Escrito por: Abg. Jessica Navarro

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