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Reforma: “Para dar paso al Perú del Bicentenario”

El estado constitucional o de derecho es producto, entre otras cosas, del fortalecimiento del Estado nacional, resultado de la homogeneidad de los factores sociales que se vinculan con la política, historia y cultura de cada pueblo. Por tanto, el orden jurídico, especialmente el constitucional ha sido el mecanismo adecuado para la resolución racional de conflictos de intereses y creencias sociales.
Una reforma al orden jurídico establecido constituye por tanto, un cambio funcional y estructural de los intereses del sistema vigente. Analizar un proceso de reforma debe incluir la descripción e interpretación de todos los elementos reales y formales de la sociedad en que se pretende emplear. El desarrollo del ejercicio de una acción reformatoria está estrechamente relacionada a las fuerzas económicas, consideraciones ideológicas y coyuntura social, en el sentido que el orden jurídico (especialmente el constitucional) pretende un modelo de cambio cuya materialización y aceleración se garantiza con la fuerza coercitiva del Estado.

Ante la crisis política que atraviesa el Perú, hace algunos días el Presidente de la república en su mensaje a la nación, notificó su intensión de presentar un proyecto de ley de reforma Constitucional referido a:
Adelantar elecciones generales, a través de una disposición transitoria especial.
Para entender mejor el escenario planteado es pertinente hacer algunas observaciones constitucionales acerca de la figura de la reforma:

La constitución en su artículo 206 prevee dos mecanismos:
A) toda reforma Constitucional debe ser aprobada por el congreso por mayoría absoluta del número legal de miembros (66) y ratificada a través de referéndum
B) es posible omitir el referéndum cuando el acuerdo del congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas, con una votación favorable superior a los dos tercios del número legal de congresistas (87 mínimo).

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Medida temporal
Es importante aclarara que de ser aprobado el proyecto, los cambios se incluirán como un mecanismo excepcional y temporal, aplicable sólo para el proceso electoral del 2020, es decir, no se trata de un cambio permanente.

Cambios
Las modificaciones recaerán sobre los artículos 90 y 112 constitucionales, que establecen el periodo de 5 años para los cargos presidenciales y congresales.

Legalidad
De la lectura de la carta magna se puede inferir que, aún cuando la convocatoria de elecciones adelantada no es un mecanismo que está taxativamente previsto en la ley, la reforma no es inconstitucional, debido a que el Presidente está facultado para plantearla total o parcialmente. Además está iniciativa para poner fin a la crisis institucional ya tiene un antecedente en nuestra democracia, en el 2000 ya fue utilizada similar medida para recortar el mandato presidencial de Fujimori, si bien por razones totalmente diferentes, permitió dar solución a través de votaciones a la profunda crisis política que se atravesaba.

Escrito por: Abg. Jessica Navarro 

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