Se han propuesto lograr el equilibrio entre los sectores de la fuerza laboral, a fin de garantizar que los derechos alcancen a más del 70% de la población que está en condición de informalidad.
En los informes elaborados por el Foro Económico Mundial donde se reporta el Índice de Competitividad Global se evidencia que el Perú ha retrocedido más de 20 peldaños, este fuerte deterioro ha motivado que desde hace varios meses el Estado a través de los ministerios de Economía, Trabajo y Producción, se plantee dentro del plan de competitividad, el compromiso de preparar una reforma laboral, los debates en cuanto a ello han generado opiniones diversas, por lo que las autoridades han tratado de ser suficientemente cautelosos en los detalles, a fin de lograr altos niveles de consenso que permitan su final implementación con aceptación de todos los sectores. El motivo principal de realizar cambios se debe a que el mercado laboral peruano es muy rígido, por lo que presuntamente la transformación se oriente a la reducción de sobrecostos, flexibilización de la contratación laboral, y mucho más importante aún la estimulación en cuanto a la generación de empleo formal.
Es importante destacar que la flexibilidad laboral no debe confundirse con una estrategia que facilite el abuso patronal, al contrario, la intención principal de la transformación laboral está completamente alejada de esta postura. La competitividad se vincula a un conjunto de factores, entre los que se encuentra el régimen laboral, y es evidente que las normas laborales actuales sólo alcanzan a una minoría de la población, por tanto se requiere el diseño de un adecuado esquema de incentivos, que pueda complementarse con una fiscalización efectiva, que logre promover técnicas modernas que fomenten la armonía sin necesidad de abusos entre empleadores y trabajadores. Las decisiones que se tomen en la reforma del marco legal deben estar enfocadas en la generación de empleo con crecimiento de la productividad y competitividad. Por tanto el reto que enfrentará la nueva titular del MTPE, Sylvia Cáceres incluye el plantearse un sistema de incentivos que gratifiquen la formalización, y en lograr que la norma ya no se enfoque solo en la pequeña parte formal, sino que se incluya a la gran masa que aún se encuentra en la informalidad, al margen de un salario justo y sin beneficios laborales.
Escrito por: Mba. José Verona – Abg. Jessica Navarro