Las nuevas tecnologías y presencia de diversos canales de información, plantean nuevos desafíos a la protección al consumidor.
En un sentido amplio las políticas de competencia se entienden como el conjunto de políticas públicas orientadas a garantizar que los beneficios de una economía de mercado se traduzcan en un bienestar efectivo para el consumidor. El Perú ha emprendido en los últimos años una serie de políticas destinadas a la apertura de los mercados, involucrando con ello el repliegue de la presencia estatal en la mayoría de sectores económicos, favoreciendo la actuación de las empresas privadas dentro de la actividad productiva, lo que a la vez le ha exigido al Estado trazar nuevos marcos institucionales.
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Frente a este hecho el titular del Indecopi, Ivo Gagliuffi Piercechi, durante su participación en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, notificó que este ente afianzará su papel supervisor en defensa de la libre competencia y de los consumidores, principalmente en los sectores de comercio e industria, transporte, educación, actividades financieras y de seguros, al igual que de la actividad inmobiliaria. Según las evaluaciones llevadas a cabo al respecto, se ha evidenciado que una importante cantidad de los problemas entre consumidores y proveedores de bienes y servicios surgen porque al momento de normar y regular no se piensa en el consumidor, sino únicamente en ser competitivos, y en las exigencias del mercado olvidando que el elemento más importante es el consumidor, así como garantizar que los beneficios de la economía de mercado se traduzcan en el bienestar efectivo para el consumidor. Se observan resultados positivos como consecuencia de los incentivos de la entidad fiscalizadora, quienes reportan el aumento en 2,300% de conciliaciones anticipadas entre los usuarios y los proveedores en los órganos resolutivos de procedimientos sumarísimos y 6,800% en las comisiones de protección al consumidor, así mismo se obtuvo un ahorro de 31,5 millones de soles por la reducción de costos de tiempo y temas legales para los consumidores y pérdidas potenciales para los proveedores en el 2018.
Escrito por: Abg. Jessica Navarro