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¿Nos acercamos a una Reforma del Sistema Bancario?

Nuestro sistema financiero se ha caracterizado por ser un mercado oligopólico; es decir, un mercado con muy pocas empresas con suficiente poder para imponer sus condiciones ante sus competidores, clientes y consumidores.

Así, son comunes los reclamos y denuncias por parte de los usuarios del sistema por las altas tasas, las comisiones y los problemas que se generan por la rigidez del sistema. Con la aparición del coronavirus y la subsecuente crisis por la pandemia surge la necesidad de brindar un apoyo a la población que se endeudó antes y/o durante la crisis.

En ese sentido, esta semana se han planteado un par de propuestas en materia económica que han generado polaridad de opiniones. Mediante conferencia de prensa, el presidente de la República Martín Vizcarra y la Ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, formularon un programa de garantías estatales para reprogramar deudas en el sistema financiero; a su vez, el Congreso llevó adelante su proyecto para congelar las deudas de aquellas personas afectadas por la crisis de la pandemia.

Reprogramación, la propuesta del Ejecutivo

Teniendo en cuenta que, en el marco de la reapertura económica, existe un gran grupo de personas que requieren una mayor flexibilización en los pagos y tasas de interés, aunque un 75% de consumidores empezó a pagar sus deudas con el sistema financiero, según declaraciones de la ministra Alva; el Poder Ejecutivo, en coordinación con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el Banco Central de Reserva (BCR), presentó al Congreso de la República un proyecto de ley que ofrece un Programa de garantía estatal para la reprogramación de créditos de consumo.

Dicho Programa estaba enfocado en los ciudadanos que, antes de la pandemia, eran buenos pagadores (con calificación de “Normal” o “Con Problemas Potenciales-CPP” hasta febrero) y ahora son los más vulnerables; para ello, el Estado asumiría un aval parcial ante las entidades financieras siempre que estas cumplan con reprogramar los plazos para el pago de deudas y reduzcan sus tasas de interés en 20%, como mínimo, por el periodo pactado con el cliente. En resumen, este programa de garantías planteado por el Gobierno haría que las instituciones financieras bajen la tasa de interés de la deuda por periodo entre 6 y 24 meses para las categorías: créditos personales, tarjetas de crédito y créditos destinados a la micro y pequeña empresa (mype).

Asimismo, para este proyecto de reducción de tasas, participarían tanto los deudores cuyas deudas ya fueron reprogramadas por las entidades financieras, así como los que aún no han sido atendidos, según precisa la SBS; cubriendo un universo de más de 3.3 millones de clientes que están en condición crediticia normal o con problemas potenciales (que se desagregan en 2 millones en créditos de consumo, 560 mil en hipotecarios y 1.3 millones en el segmento mype).

El MEF estimó que el costo fiscal, derivado de desembolsos en casos de incumplimiento, del Programa sería de S/459 millones en el escenario base y S/551 millones bajo un escenario de “estrés severo”. En la misma línea, la ministra Alva indicó que el proyecto fomenta la cultura de pago, es focalizado y no discrimina por entidad financiera.

Congelamiento, el proyecto del Congreso

Desde inicios de junio, nació, por parte del Congreso, la propuesta de un proyecto de ley que permita congelar las deudas para aquellas personas naturales y jurídicas afectadas por la cuarentena y la paralización de actividades que no han podido cumplir con el pago de sus deudas.

En su predictamen, discutido hasta la semana anterior, el Legislativo proponía la suspensión de las obligaciones bancarias y comerciales por un periodo de hasta 4 meses debido a la pandemia; asimismo, en un texto posterior esperaba establecer un periodo de gracia por 90 días calendarios sin incremento de la tasa de interés compensatorio y la reprogramación del saldo hasta por 5 años. Sin embargo, este proyecto llamaba a objeciones por parte de los entes técnicos encargados de velar por la seguridad y estabilidad del sistema financiero, el MEF, la SBS y el BCR.

Así, en comentarios hacia la propuesta, los representantes de estas instituciones manifestaron su desacuerdo en la iniciativa del Congreso, sobre lo que calificaban sería “una ley que pondría en riesgo a los ahorristas” y que “generaría una afectación a las entidades financieras y podría generar problemas a la estabilidad del sistema financiero”, en palabras de la superintendenta de Banca, Seguros y AFP, Socorro Heysen.

En la misma línea, la ministra Alva y el presidente del BCR, Jorge Velarde, advertían los efectos nocivos que esta propuesta tendría sobre la economía tras la crisis, señalando que “nos enfrentaríamos ahora a las medidas de prohibición de pagos de deudas que traerían consigo la dinámica de la depresión económica, quiebras empresariales y crisis en las entidades financieras” (Jorge Velarde, en una carta al Congreso enviada el 27 de junio); y, más recientemente, “si el Congreso aprueba la propuesta de congelamiento de deudas y causa una disrupción en el sistema financiero, la economía peruana podría caer 20% este año” (ministra María Antonieta Alva, ante el Pleno del Congreso, 02 de octubre).

En principio, el proyecto de ley que presentó el Congreso llamaba la atención hacia la crítica porque, como indicó el presidente del BCR en RPP Noticias, aparecía el Banco Central como garante de las obligaciones; una posición que, por ley, el Banco Central está expresa y tajantemente prohibido de hacer. Además, durante su presentación ante el Pleno, la ministra señaló que el mayor inconveniente del proyecto eran sus criterios de focalización. Puesto que, tal y como estaba planteado, se beneficiaría a personas con alto poder adquisitivo, personas con deudas de hasta 3 UIT (S/ 12,900); mientras que el ingreso promedio del país es de S/ 2,500 y las personas que tienen acceso a créditos mayores a los S/ 10,000 pertenecen al 2% superior de los mayores ingresos, según información de ENAHO.

La propuesta final

Finalmente, el viernes se logró la aprobación de un nuevo esquema de reprogramación y congelamiento de deudas mediante un proyecto de ley que reunía los proyectos presentados por ambos poderes del país. Así, las comisiones parlamentarias aprobaron dictámenes que determinaban prohibir cargos adicionales en los préstamos bancarios y la reprogramación extraordinaria del pago de créditos dentro del texto sustitutorio que establece la Reprogramación y Congelamiento de Deudas para personas naturales y mypes en el contexto de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19.

El primer punto a favor de este último dictamen es que se beneficiarán a 7.5 millones de peruanos; además, se amplía las categorías dentro del “Programa de garantías COVID-19” (ahora a cargo del Gobierno Nacional) a créditos de consumo, créditos personales, créditos hipotecarios, créditos vehiculares y créditos MYPES, por la suma total de S/ 5,500 millones destinados a cubrir las garantías del programa.

Asimismo, las entidades financieras deberán reducir la tasa de interés en hasta 25%, según la tasa de interés que paga el solicitante (para tasas de hasta 10%, se reducirá en 15%; para tasas de 11% a 30%, la reducción será de 20%; y para tasas mayores a 31%, de 25%); para la entidad financiera, esta reducción podrá lograrse a través de la reducción en las tasas de interés, el establecimiento de la condonación de una (o varias) cuota(s) en el cronograma de pagos, o una combinación de estas.

En detalle, para la primera categoría, aquellos clientes que cumplan con pagar el primer tercio de sus cuotas recibirán una garantía de 60% sobre un saldo de hasta S/ 5,000 y de 40% sobre un saldo de hasta S/10,000; mientras que, si logran pagar dos tercios de las cuotas, la garantía se elevará a 80% en ambos casos. Del mismo modo, para los créditos hipotecarios la garantía será de 50% si se cumple por pagar el primer tercio de cuotas; y de 80% si se cancelan los dos primeros tercios. Los rangos de garantía para las dos últimas categorías, los préstamos vehiculares y a mypes, son similares a los que aplicarían para créditos de consumo. El cliente, luego de pagar las cuotas con menores tasas durante el plazo acordado con la entidad financiera (según sea el caso, consumo, hipotecario o mype), empezará a pagar su crédito con la tasa que tenía antes de la pandemia.

Beneficios del Programa: En el dictamen también se establece que las entidades financieras pueden establecer un periodo de congelamiento de 90 días, para créditos de consumo, personal, mypes y vehicular, de forma independiente al beneficio de reprogramación; tomando en cuenta el proyecto original del Congreso. Aunque, solo podrá aplicar para los deudores que no han podido realizar ningún pago en los últimos tres meses antes de la publicación de la ley.

“Aunque el camino recién empieza, porque hay varias etapas que deben cumplirse hasta que la iniciativa planteada se convierta en ley, lo bueno es que el tema de las deudas por créditos de consumo y las elevadas tasas de interés que cobran los bancos están ahora no sólo en la agenda del Congreso sino también en la del Poder Ejecutivo. Los consumidores merecen ser protegidos frente a una banca que, a pesar de la emergencia sanitaria que vivimos, continúa cobrando sin miramientos intereses leoninos así que abrigamos la esperanza de que algo bueno saldrá de todo esto.” Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC.

Además, el ente precisa que las entidades financieras no pueden elevar la tasa de interés de los créditos reprogramados. Por último, será la entidad financiera quien, después de hacer la evaluación crediticia respectiva, determine qué cliente puede estar sujeto a este beneficio.

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