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Los mecanismos de prevención sirven como defensa ante delitos de corrupción

SMV sería el encargado de validar su aplicación en las empresas

En la primera semana de este año se publicó el reglamento de la Ley N° 30424, con la cual se regula la responsabilidad que recae sobre las personas jurídicas en los casos en que se cometan sobornos o lavado de activos (delito de cohecho activo transnacional); adicionalmente se recomienda a las empresas adoptar modelos de prevención (compliance).

Si bien es voluntad de la empresa seguir los lineamientos detallados en el reglamento para la adopción de un modelo, la Ley indica que es necesaria la implementación –con anterioridad a la comisión del delito– de un modelo de prevención adecuado; es decir, con las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir el delito o para reducir el riesgo de que sea cometido, para eximir a la persona jurídica de responsabilidad ante la ocurrencia de delitos de corrupción o lavados de activos.

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Dado que dicha ley ha estado vigente desde julio de 2017, las empresas han optado por implementar sus programas de prevención basados en buenas prácticas y estándares internacionales; en ese sentido, el reglamento permite que, a solicitud de un fiscal, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) evalúe y determine mediante un informe técnico la validez del modelo.

Rafael Huamán, Socio Líder de Riesgos de Integridad e Investigación Forense de EY Perú, señala que si ocurrió un hecho [delictivo] por la decisión de una persona natural –pese a que se tomaron las medidas de prevención– la responsabilidad por sus actos no deberá recaer sobre la persona jurídica.

A su vez, Juan José Dorich, Director de Compliance de BDO en Perú, explicó que en el peritaje, la SMV pude tomar en cuenta las certificaciones internacional y locales que haya conseguido la empresa; estas servirían como prueba de la intención de la empresa por evitar delitos de corrupción.

Finalmente, para las primeras semanas de abril, Produce aprobaría los formatos de modelo de prevención que las Mypes puedan aplicar políticas anti soborno.

Escrito por: Econ. Jazmín Ramírez

 

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