Aunque existen otros instrumentos de la acción pública que generan repercusiones en términos de equidad en la distribución de las cargas impositivas, las políticas fiscales, que afectan los ingresos y los gastos públicos, son elementos claves que inciden en la distribución de los ingresos; actualmente se ha llegado al consenso de que es necesaria una trasformación integral del sistema, a fin de unificar, consolidar y simplificar el régimen, fomentando la equidad, sin afectar de forma importante los ingresos tributarios del Estado, para de esta manera contribuir a reducir la informalidad, la evasión y la elusión de los impuestos, incrementando la competitividad, generando un comportamiento más dinámico de la inversión, el empleo y, por tanto, el crecimiento económico del país.
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A través del tiempo se ha demostrado que las políticas tributarias y de gastos públicos constituyen herramientas importantes con las que cuenta el gobierno para determinar la distribución del ingreso, recomendando orientarse a gravar con más intensidad el consumo en lugar del ingreso. Uno de los grandes obstáculos es la fuerte concentración de los ingresos, ya que el argumento implica que es necesario gravar a estos grupos con tasas que seguramente desincentivarían su actividad económica. Un dilema típico en los esfuerzos por reformar sistemas tributarios se da casi inevitablemente entre los objetivos de recaudar más y ser al mismo tiempo equitativos.
Se debe procurar una estructura tributaria adecuada, en la medida de lo posible, reducir las distorsiones que generan los tributos sobre las decisiones de los agentes económicos, al tiempo que genere los incentivos para que estos estén en una constante búsqueda por mayores niveles de productividad. Finalmente, es importante notar que la alta desigualdad no se corrige solo con mayor tributación. Para este propósito es necesario abordar una diversidad de factores que contribuyen a la generación y reproducción de la desigualdad, como la concentración del mercado, la eliminación de barreras para la competencia, la protección estatal de los grandes conglomerados financieros, y la erradicación de la informalidad, siendo esta última una de las principales causas de la evasión. Actualmente menos de la mitad de las empresas nacionales paga el Impuesto a la Renta que le corresponde. Como consecuencia, el país deja de percibir unos S/33.000 millones anuales (4,8% del PBI), disminuyendo la posibilidad de ofrecer mejores servicios públicos.
Escrito por: Abg. Jessica Navarro