A través de una nota de prensa, IPAE Asociación Empresarial dio a conocer #RutaIPAE un conjunto de medidas de corto plazo para la reactivación económica, brindando propuestas para que la recuperación de la economía sea lo más rápida y sostenible posible.
“El nivel de incertidumbre por el desempeño económico actual y a futuro del país es muy elevado, debido a la poca claridad sobre cómo se hará frente a la crisis sanitaria a su vez de impulsar la economía nacional”, dijo José Carlos Saavedra, vicepresidente de IPAE y miembro del Comité Estratégico de Desarrollo Nacional.
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Dichas medidas fueron trabajadas por el Grupo de Trabajo de Reactivación Económica, conformado por los economistas Pablo Lavado, César Liendo y José Carlos Saavedra, quienes proponen las siguientes estrategias.
- Otorgar un bono adicional a las familias vulnerables: esta medida fue anunciada por el Presidente el pasado 28 de julio, la cual es reconocida debido a que atiende al problema de ingresos reducidos de la población más vulnerable, les transfiere recursos directamente, cuya ejecución es más rápida que otros rubros, y que tiene un efecto multiplicador importante.
- Ampliar el alcance del subsidio a la planilla (número de meses y cobertura de trabajadores) a las empresas más afectadas por la crisis: se busca desincentivar los despidos en un contexto de fuerte caída de las ventas, deterioro de los balances de las empresas e incertidumbre sobre la intensidad y duración de la recesión.
- Dar bono a trabajadores para compensar la caída de ingresos por reducción de jornada laboral o de salarios por hora: da a las empresas un mecanismo de reducción de costos laborales alternativo al despido del personal y reduce el impacto negativo sobre los ingresos de los trabajadores.
- Agilizar la aprobación de solicitudes de suspensión perfecta de labores para todo tamaño de empresa, y permitir la contratación por motivos de reactivación económica y mantener la figura del trabajo remoto: busca no romper el vínculo laboral, pues destruye el valor económico (“capital invisible”) construido en el pasado y hace costosa la futura contratación.
- Ejecutar “combo” de infraestructura social y productiva en zonas donde existan brechas de servicios (e.g. altoandinas) en colaboración con el sector privado a nivel regional, provincial y local, acompañado de un Bono de Ejecución Eficaz: Los proyectos deben contener carácter productivo y de inversión de capital humano dentro del hogar: carreteras y caminos, electricidad, agua y saneamiento, conectividad, entre otros.
- Destrabar proyectos APP de impacto nacional paralizados, así como proyectos de obra pública que mejoran la conectividad: Se busca destrabar en el corto plazo el gasto en inversión público-privada para compensar la caída de la demanda agregada y generar empleo en el sector construcción, uno de los sectores más afectados por la crisis, y reducir los costos logísticos y ampliar la oferta exportable para recuperar la capacidad productiva en base a mejoras de competitividad. Las concesiones ya adjudicadas pero paralizadas o de muy lento avance suman cerca de US$10 mil millones (5% del PBI). Entre ellas figuran proyectos como el de Chavimochic III, Majes Siguas, la Línea 2 del metro de Lima, aeropuertos regionales, carreteras, entre otros.
- Impulsar sectores transables y de gran escala como minería, hidrocarburos y agro exportación: Como incentivos a la exploración minera a través de la optimización de los procesos de evaluación, fiscalización ambiental y participación ciudadana. Aprobación de la Ley General de Hidrocarburos, que se encuentra actualmente en el Congreso. Hacer permanente el Régimen Laboral Agrario. Solo en el sector minero hay una cartera de proyectos que suman más de US$40 mil millones de inversiones (20% del PBI).
- Empaquetar obras públicas paralizadas a cargo de gobiernos sub-nacionales y trasladarlas al Gobierno Central, para ser ejecutadas con mecanismos ágiles: Según la Contraloría General de la República, hay más de 3000 obras públicas paralizadas en el país, esto por expedientes mal hechos, denuncias y casos de corrupción. Por lo tanto, reactivarlas tendría un impacto importante en la recuperación económica y en la calidad de vida de la población.
- Impulsar simplificación administrativa y estandarización de prácticas de fiscalización: Las empresas necesitan reconvertir su manera de operar para cumplir con los protocolos sanitarios o dar un giro al negocio, debido a la crisis. Por ello es indispensable que no enfrenten trabas burocráticas o fiscalizaciones arbitrarias que hagan que ese proceso sea engorroso o inviable. De eso dependerá la sobrevivencia de muchos negocios, sobre todo de las Mypes.
- Fortalecer capacidades para procesos de reestructuración patrimonial y concursales: Se busca evitar que esta crisis genere daños permanentes en la capacidad productiva y permitir que la recuperación de la producción y del empleo sea lo más rápida posible. Se trata de fortalecer capacidades para atender eficientemente un nivel récord de procesos.
Fuente: Nota de Prensa IPAE