La informalidad implica no contar con la protección del Estado, como la que disfruta un trabajador que figura en una planilla, cuenta con contrato, seguro social, puede acceder a un régimen de pensiones, entre otros beneficios. Este concepto no debe confundirse con actividades ilícitas, sino que se refiere a trabajadores que se ocupan de las mismas actividades que un trabajador formal, con la diferencia que el informal o no tributa o lo hace en menor medida que el otro.
Se ha demostrado a través de las investigaciones que la economía informal crece en tiempos de crisis económica, ya que este fenómeno prospera en un contexto de altas tasas de desempleo, subempleo, pobreza, desigualdad de género, trabajo precario, entre otros, pero además puede crecer incluso en períodos de crecimiento económico sólido. Así como se ha determinado que el crecimiento económico en sí mismo no basta para reducir la pobreza, del mismo modo queda claro que el crecimiento económico por sí solo no puede reducir la informalidad. Por tanto, partiendo de estas premisas se puede inferir que es necesaria una revisión de las estrategias de crecimiento económico y los patrones de distribución que pueden aumentar o disminuir la informalidad.
Para que el crecimiento sea sostenible, se ha demostrado a través del análisis del crecimiento económico, que debe generarse un entorno favorable para la creación de empleos productivos y de calidad. Centrarse en potenciar el empleo con respecto al crecimiento, requiere principalmente fomentar intervenciones adecuadas que reduzcan la pobreza y la informalidad, ampliando así la protección social.
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Dentro de los impactos sociales que se desprenden de la presencia de un amplio sector informal, se encuentra la disminución de la base impositiva, repercutiendo directamente en tasas más elevadas de impuestos para las empresas que si contribuyen con sus obligaciones fiscales, hecho que alienta a su vez una mayor evasión y mayores desplazamientos del sector formal hacia el informal.
Formar parte de una sociedad organizada, debería ser la garantía única para que el Estado, entre otras funciones, satisfaga las necesidades de la población, sin embargo es lógico que esto no se puede lograr si no se cuenta con recursos económicos para la provisión de los bienes públicos que se necesiten, el sector informal no tributa; sin embargo, las personas que conforman este gran grupo utilizan y necesitan de los mismos servicios públicos que quienes contribuyen, quienes finalmente son los que terminan asumiendo una carga económica que los enfrenta a problemas de calidad, alcance y nivel de satisfacción de los servicios públicos.
Escrito por: Abg. Jessica Navarro