Los escándalos financieros ocurridos alrededor del mundo durante la última década, han sacudido los cimientos de las sociedades, colocando en tela de juicio la calidad de los servicios de auditoría de importantes Casas Consultoras y Auditoras. Se ha podido demostrar, las insuficiencias en los mecanismos de control y supervisión dentro del sector empresarial, así como las vulnerabilidades de los sistemas de información financiera.
Las repercusiones de estos escándalos han generado implicaciones de credibilidad en la profesión contable y el trabajo de los auditores. De allí la importancia de determinar hasta donde llega la contribución de las compañías auditoras en esta problemática, así como los beneficios que representa para las entidades y sus partes interesadas, la adopción de buenas prácticas de Responsabilidad Social Empresarial.
En la época actual se viven importantes cambios legislativos, intentando con ello evitar la aparición de nuevos mecanismos, atenuando con ello circunstancias que involucren prácticas financieras delictivas.
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Se ha descubierto que el profesional contable tiene un espacio de relevancia en el análisis y obtención de información fidedigna de datos, para la lucha contra el lavado de dinero, tal como lo expresa el comité de Terminología del Instituto Americano de Contables Públicos (AICP): “el objetivo de un examen normal de estados financieros por un auditor independiente, es la expresión de una opinión sobre la razonabilidad con que presentan la situación financiera, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados. El dictamen del auditor es el medio por el cual expresa su opinión o, si las circunstancias lo requieren, la niega”.
Se puede por tanto afirmar que muchas decisiones se basan en los resultados técnicos y pruebas financieras obtenidas como resultado de los análisis financieros especializados, que sirven como pieza fundamental al tomar medidas administrativas o dentro de eventuales procesos judiciales.
Escrito por: Abg. Jessica Navarro
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