El papel del derecho penal en la pandemia

Ante el avance de la pandemia provocada por el virus COVID-19, los Gobiernos han tomado diversas medidas para contener su avance. Estas decisiones plasmadas en un gran número de resoluciones y decretos, tienen el objetivo de proteger la salud pública, como una obligación prioritaria del Estado. Las normas adoptadas en el marco de esta emergencia deben observarse como remedios excepcionales frente a la situación de contingencia, es decir, el contexto justifica las medidas aplicadas.

Una de las funciones del derecho penal es dar protección a los bienes jurídicos más importantes de la sociedad. Dentro de esta rama del derecho, las figuras delictivas existen, para prohibir conductas que pueden lesionar bienes jurídicos individuales, como la vida o integridad física de una persona en concreto, o para proteger bienes jurídicos supraindividuales o colectivos.

La salud pública, es un interés que se encuentra tutelado en los ordenamientos penales contemporáneos. No debe entenderse esta figura como la mera suma de saludes individuales, sino la salud pública en su dimensión social. En nuestro marco normativo peruano, se busca proteger la salud pública a través de regulaciones que prohíben determinadas conductas que atentan contra la salud de la población, protegiendo de esta manera los derechos colectivos. La trascendencia de esta regulación se evidencia en la continuidad de la seguridad y mantenimiento de la sociedad y su desarrollo, manifestando a la vez contornos individuales por su vinculación con un derecho humano fundamental y personalísimo como es la propia salud de la persona.

En medio de esta crisis, las autoridades constantemente han advertido acerca de las consecuencias de la realización de conductas punibles, con la intención de incitar a la población a no quebrantar las disposiciones adoptadas. Sin embargo, a pesar de ello, se siguen observando comportamientos indebidos por parte de algunos ciudadanos quienes desacatan las disposiciones, y ponen en riesgo la salud propia y la de la población.

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Aunque es un tema controversial, muchos expertos coinciden en afirmar que es legítimo recurrir al derecho penal para asegurar, en última instancia, la tranquilidad y la paz social, es decir, expectativas sociales básicas de convivencia. Ante las situaciones límites que nos interpelan, el derecho penal aparece en primera plana, permitiendo, dentro de los marcos constitucionales, asegurar cierta integración social.

La irrupción del coronavirus ha hecho que se tome una nueva conciencia social, no solo se trata de cuidarnos a nosotros mismos, sino que también se impone el deber de proteger a los demás. Las personas pasan de ser pasivos en relación a los preceptos ordenados por el Estado para colaborar con aquel en el cumplimiento de la ley, cumpliendo una ocupación de prevención de daños sociales.

Por tanto, las medidas restrictivas de libertad adoptadas en aras de controlar la enfermedad; así como la prevención general del delito, a través de las normas aplicables, constituyen una fuente más de ayuda a la toma de conciencia. Se deja de percibir el derecho penal solo como un castigo, y más como una protección y un medio para garantizar el respeto a las formas de solución de conflictos sociales, acorde al ordenamiento jurídico.

Súmate al esfuerzo por controlar esta emergencia sanitaria, el Perú está en nuestras manos, sigamos las recomendaciones de nuestro Gobierno, quédate en casa”

Escrito por: Grupo Verona

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