La sobrepoblación, malas condiciones de higiene y salubridad, y el hacinamiento son una constante dentro de muchos penales del mundo, convirtiéndose en potentes zonas de transmisión del virus. Las organizaciones especializadas, desde el principio de la pandemia han manifestado gran el temor a que el COVID-19 irrumpa y genere un contagio masivo en este escenario.
Esta realidad se observa incluso en países con buenas infraestructuras y servicios públicos, donde antes de la pandemia se calculaba que el nivel de prevalencia de tuberculosis dentro de las cárceles era 81 veces más alto que en el exterior. El COVID-19 no es la excepción.
Ante esta premisa, las autoridades en materia sanitaria de todo el mundo han elevado recomendaciones a los gobiernos, instándolos a actuar de inmediato y así evitar un desastre de salud previsible.
En nuestro país, de acuerdo al Instituto Nacional Penitenciario, a lo largo de las 68 cárceles, existen 95.548 internos para una capacidad de albergue de 40.137. Durante el Estado de Emergencia se han impulsado varias medidas por parte del Ejecutivo para reducir el hacinamiento en las cárceles y los contagios por coronavirus, incluyendo la conversión automática de penas a las personas condenadas por omisión de asistencia familiar una vez que paguen sus obligaciones, por solo mencionar una.
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Del mismo modo, desde el Ejecutivo se promovió un proyecto de ley que fue enviado al Congreso de la República para su evaluación, pero el Legislativo decidió desestimarlo y ordenó su archivo. Es por ello que, el presidente Martín Vizcarra, recientemente anunció que, a través del Ministerio de Justicia, se presentará al Congreso un nuevo pedido de facultades legislativas para abordar el descongestionamiento en los penales.
Este requerimiento se planteará con la intención de que se pueda delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar durante 7 días calendario, en lo que corresponde al ámbito penitenciario, especialmente en cuanto a la revisión de medidas de coerción procesal, y a beneficios penitenciarios como la conversión de penas, vigilancia electrónica personal, rendición de penas y demás figuras que permitan evaluar el egreso de personas y condenadas por delitos leves.
En el mismo anuncio, el Presidente indicó que las otras medidas adoptadas para disminuir la sobrepoblación en los centros penitenciarios durante el Estado de Emergencia, han permitido la liberación de aproximadamente 1,000 personas, sin embargo, según el Mandatario aún existe una cantidad importante de personas privadas de libertad que están en condición de procesadas, por lo que se necesita una estrategia para que el Poder Judicial evalúe los casos de las casi 30,000 personas que no tienen sentencia y que pudieran salir de prisión, garantizando que ello no represente un mayor peligro para la sociedad.
Súmate al esfuerzo por controlar esta emergencia sanitaria, el Perú está en nuestras manos, sigamos las recomendaciones de nuestro Gobierno, quédate en casa”
Escrito por: Grupo Verona