Hay que apostar por impulsar campañas de sensibilización a los afiliados, forjar criterios para futuras inversiones y alejarse de la informalidad
En mayo del 2016, fue aprobada por el Congreso de la República, una ley que permite a los afiliados a las AFP, tanto por edad legal (65 años), como por jubilación anticipada (REJA), retirar hasta el 95.5% de sus fondos de pensiones, Ley N° 30425.
Luego de tres años de la adopción de esta medida, es interesante evaluar sus efectos e impacto, analizando la estadística existente a la fecha.
Alcanzar la adultez mayor, suele caracterizarse por dar inicio al deterioro de facultades físicas y mentales, acarreando con ello disminución en la capacidad de generar ingresos a través del trabajo. Ante este escenario, surge la figura de la previsión social, tratando con ello de sustituir la remuneración que deja de percibir una persona, por la pérdida sustancial de la capacidad productiva.
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Tras la aprobación de esta norma, han surgido incontables opiniones desfavorables, considerando principalmente los riesgos de quedar desamparado económicamente a los que pueden exponerse los beneficiarios.
Actualmente no existe capacitación constante para los potenciales pensionistas, antes de la entrega de los fondos, debe fomentarse una adecuada reflexión acerca de las implicancias económicas, con esta ley se le ha dado al afiliado una decisión bastante compleja, dejándolo expuesto a riesgos.
Escrito por: Abg. Jessica Navarro