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ABC de la Norma Antielusiva General

Desde hace siete (7) años se incorporó en el Código Tributario la Norma XVI, es decir, la Norma Antielusiva Genérica, la cual le permite a la Administración Tributaria (SUNAT) fiscalizar y gravar los actos realizados por los contribuyentes que se enmarquen dentro de los siguientes términos: acto impropio y acto artificioso. Posteriormente en el año 2014, la aplicación de esta norma se suspendió mediante la Ley N° 30230, hasta que se publicara el reglamento para su correcta aplicación. Más adelante, el Poder Ejecutivo obtiene facultades para legislar en materia tributaria y en septiembre del año 2018 se publica el Decreto Legislativo N° 1422, a través del cual se le incorporan nuevas disposiciones a la norma.

El 06 de mayo de 2019 se publicó el Decreto Supremo N° 145-2019-EF, el cual le brinda da SUNAT los elementos de forma y de fondo para la aplicación de la norma antielusiva sobre aquellos actos elusivos que se produjeron desde el año 2015. En este sentido, es cierto que el Decreto Legislativo N° 1422 indica que se deben fiscalizar los actos de elusión que ocurrieron desde el 19 de julio de 2012 pero se debe tener en cuenta el cómputo de la prescripción.

-DATO- La elusión tributaria es toda acción que sin vulnerar la Ley, busca la forma de evitar o rebajar de forma significativa el pago de los tributos, a través del uso de figuras o esquemas legales atípicos.

En el Perú se hace necesario la aplicación de la norma antielusiva, ya que gracias a esta y según cifras del Ministerio de Finanzas se pueden llegar a recaudar hasta 6,000 millones de soles anualmente, los cuales no ingresaban a las arcas de la nación porque SUNAT no tenia las herramientas para su recaudación.

No obstante a la importancia de tener vigente una norma antielusiva, se evidencia una carencia importante, la cual se traduce en la falta de claridad al momento de precisar que es un acto impropio o acto artificioso, lo cual genera incertidumbre en los contribuyentes. Contrario a establecer claramente cuales son dichos actos, el Decreto Supremo N° 145 enumera una serie de siete (7) situaciones en las que se podría aplicar la norma antielusiva, los cuales son:

  • Actos, situaciones o relaciones de carácter económicas en las que no exista correspondencia entre los beneficios y los riesgos asociados, tengan baja rentabilidad, carezcan de racionalidad económica o no se ajusten a valor de mercado.
  • Actos, situaciones o relaciones de carácter económicas que no tengan relaciones con las operaciones ordinarias para lograr los efectos jurídicos, económicos o financieros deseados.
  • Cuando se realicen actividades similares o equivalentes a las realizadas mediante figuras empresariales, utilizando figuras no empresariales.
  • Reorganizaciones o reestructuraciones empresariales o de negocios con apariencia de poca sustancia económica.
  • Cuando se realicen actos u operaciones con sujetos residentes en países o territorios de baja o nula imposición, o con sujetos residentes en países o territorios no cooperantes o con sujetos que obtienen rentas, ingresos o ganancias a través de un país o territorio no cooperante o de baja o nula imposición e incluso que estén sujetos a un régimen fiscal preferencial por sus operaciones.
  • Transacciones a cero o bajo costo, o mediante figuras que suprimen o cancelan costos y ganancias no tributarias en las partes involucradas.
  • El empleo de figuras legales, empresariales, actos, contratos o esquemas no usuales que contribuyan a diferir ingresos o rentas o a la anticipación de gastos, costos o pérdidas.

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Finalmente, se dispone que la responsabilidad de los representantes legales reside en la aprobación, diseño o implementación de algún dispositivo elusivo; esto quiere decir, que la forma de librarse de dicha responsabilidad es votar en contra de la aplicación de dichos dispositivos. Se debe tomar en consideración que no habrá responsabilidad penal para los representantes legales, sino que sólo tendrán responsabilidad administrativa.

Escrito por: Lic. Cs. Fiscales. Fernando Parra

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